Para 2023, un total de 394 mil estudiantes postularon para un cupo en una de las 31 Universidades Públicas de Ecuador, pero tan solo 146 mil estudiantes pudieron acceder a los mismos. Es decir, que 248 mil estudiantes se quedaron sin cupo para la universidad.
El futuro de la universidad pública en Ecuador es incierto. La calidad de la educación superior ha disminuido desde que las universidades comenzaron a autogestionarse bajo el gobierno de Lasso y su Ley de Educación Superior. Esta situación se agrava por la falta de presupuesto y el bajo nivel de empleo entre los jóvenes profesionales.
Para 2023, un total de 394 mil estudiantes postularon para un cupo en una de las 31 Universidades Públicas de Ecuador, pero tan solo 146 mil estudiantes pudieron acceder a los mismos. Es decir, que 248 mil estudiantes se quedaron sin cupo para la universidad. La demanda de cupos es superior, en buena parte por la presencia de bachilleres de promociones anteriores que en repetidas ocasiones no han podido acceder a los mismos. Esta situación refleja la dura realidad del país en la cual el acceso a la educación superior y en muchos casos a una mejor calidad de vida está restringido para la mayoría de la población.
En este mismo contexto, se recortó de la proforma presupuestaria para 2024 un aproximado de 161 millones de dólares para las universidades públicas. Los centros de estudio superior con más estudiantes serán los que recibirán los mayores recortes. La Universidad Central del Ecuador 15 millones, la Universidad de Guayaquil 4.9 millones, la Universidad de Cuenca 20 millones, la Universidad Técnica de Ambato 10.5 millones. Esta medida perjudicará la capacidad de recibir estudiantes y las actividades académicas y científicas de estas universidades, pero sobre todo reducirá las oportunidades de las personas con menos recursos de acceder a una educación superior que mejore sus ingresos y calidad de vida a largo plazo, lo que perpetuará la pobreza en nuestra sociedad.
A futuro, el destino de la universidad pública es incierto. Ya que esta no es la primera reducción presupuestaria ni será la última, dado el interés del gobierno por reducir toda forma de gasto público e inversión social. A su vez, la reducción en los presupuestos de las universidades públicas genera un crecimiento desproporcionado de la oferta de las universidades privadas. Instituciones con amplios recursos cuyo acceso suele restringirse a aquellos con capacidad financiera suficiente para pagar por la misma. Esta disparidad en los recursos financieros, entre lo público y privado, llevará a brechas significativas en la calidad educativa, ya que las universidades públicas luchan por mantener estándares con presupuestos ajustados, mientras que las privadas disfrutan de recursos más abundantes que les permiten ofrecer mejores instalaciones, servicios superiores y una mejor calidad de educación para unos pocos.
Es crucial entonces reconocer la importancia de las universidades públicas para la reducción de la pobreza, la promoción de la movilidad social y la mejora de la calidad de vida para las personas menos adineradas. En un país en el que cada día parece que no hay salida a nuestros problemas, todos somos la universidad pública y nuestro destino depende de la importancia que le den los gobiernos de turno.