En el limbo al proceso de renovación de las concesiones de telefonía celular, que vence en este 2023 tras 15 años de vigencia. El mercado ha sufrido cambios importantes en tres lustros, con un aumento significativo de las aplicaciones de mensajería y voz y una reducción del uso de la red celular y los SMS
Este año se cumple quince años desde la firma del contrato de concesión que ha permitido la operación de servicios de telefonía celular en Ecuador, conocida técnicamente como Servicio Móvil Avanzado (SMA). Estas son operaciones realizadas a cabo principalmente por las compañías Claro y Movistar, con una participación menor por parte de la empresa estatal CNT.
El proceso de renovación de los contratos de concesión para la telefonía celular se encuentra actualmente en espera debido a una resolución emitida por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel). Esta resolución ha dejado en suspenso las negociaciones que los operadores, Otecel y Conecel, habían intentado adelantar desde al menos el año 2021.
El director de Arcotel, Juan Carlos Soria, emitió la resolución el pasado 25 de mayo de 2023, en la cual se dispone la suspensión de las negociaciones por un período de 120 días o hasta que varias instituciones del Estado entreguen la información necesaria para continuar con el proceso de renovación.
Según fuentes de la industria consultadas, esta resolución podría implicar que sea el nuevo Gobierno quien asuma el proceso de renovación de las concesiones de telefonía celular. Este tema podría ser políticamente polémico, ya que la situación de la telefonía celular ha experimentado cambios significativos en los últimos quince años, especialmente con la aparición de aplicaciones de comunicación en línea que permiten la mensajería, llamadas de voz y videollamadas, lo cual ha vuelto obsoleta en cierta medida la telefonía de voz por celular y los mensajes de texto (SMS), que prácticamente nadie utiliza en la actualidad.
El proceso de renovación de los contratos de concesión para la telefonía celular en Ecuador se encuentra actualmente suspendido debido a una resolución emitida por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel). Esta resolución ha dejado en el limbo las negociaciones que los operadores, Otecel y Conecel, habían avanzado desde al menos el año 2021.
La resolución emitida el 25 de mayo de 2023 por el director de Arcotel, Juan Carlos Soria, establece la suspensión de las negociaciones por un período de 120 días o hasta que varias instituciones estatales proporcionen la información necesaria para continuar con el proceso de renovación.
Esta situación ha llevado a especulaciones de que el nuevo Gobierno podría asumir el proceso de renovación de las concesiones de telefonía celular, lo cual podría ser un tema polémico desde el punto de vista político. Esto se debe a que la telefonía celular ha experimentado cambios significativos en los últimos quince años, principalmente debido a la popularidad de las aplicaciones de comunicación en línea que permiten la mensajería y las llamadas de voz y video, lo que ha hecho que la telefonía de voz celular y los mensajes de texto (SMS) sean cada vez menos utilizados.
El proceso de renovación ha sido detenido debido a la falta de información en temas importantes, como la valoración del espacio radioeléctrico, la respuesta de la Procuraduría General del Estado, la documentación necesaria para obtener un dictamen favorable de sostenibilidad y riesgos fiscales, el dictamen favorable de impacto presupuestario y las respuestas pendientes de los ministerios de Defensa y del Interior sobre cláusulas especiales de seguridad.
La falta de esta información ha llevado a la Arcotel a suspender el proceso de negociación invocando normas legales y alegando una especie de fuerza mayor. Mientras tanto, los títulos habilitantes de las empresas operadoras actuales están por caducar a partir de agosto y noviembre de este año, lo que podría resultar en una extensión del tiempo de la concesión. En caso de no concretarse la renegociación de los contratos, el marco legal actual permite llevar a cabo el proceso a un concurso público.
Actualmente, varias instancias están realizando una veeduría del proceso, incluyendo una veeduría internacional a cargo del Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información de América Latina (CERTAL) y veedores designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Además, los funcionarios de la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia también están brindando acompañamiento al proceso.
La confidencialidad impuesta a los veedores ciudadanos ha sido objeto de críticas, y el Consejo de Participación ha convocado al ministra de Telecomunicaciones para que explique los motivos detrás de esta cláusula de confidencialidad. Sin embargo, no ha recibido respuesta hasta el momento.
En resumen, el proceso de renovación de los contratos de concesión de la telefonía celular en Ecuador se encuentra actualmente suspendido debido a la falta de información ya una resolución emitida por la Arcotel. Esta situación ha generado incertidumbre sobre el futuro de la renovación de las concesiones y ha generado preocupación
El contrato detalla los servicios que se estarían concesionando: el servicio de llamadas de voz, con un valor de 22 centavos por minuto, el servicio en terminales públicos, los mensajes de SMS, el roaming y la larga distancia internacional, y otros cada vez menos usados, tales como la marcación abreviada, la transferencia de llamada, el casillero de voz, la llamada en espera, la conferencia y la facturación detallada.
La situación actual de la industria: ¿Podría bajar el monto con relación a 2008?
Pero en apenas cinco lustros, las nuevas tecnologías de la información y comunicación han producido cambios significativos en varias industrias, y una de ellas es la de las telecomunicaciones. La renegociación de las actuales concesiones de SMA se refieren, según técnicos de telecomunicaciones que fueron consultados para esta nota, a servicios que en realidad se están usando cada vez menos entre los ciudadanos. Por ejemplo, las llamadas de voz usando la red celular se realizan cada vez menos, mientras que la gran mayoría de usuarios ha abandonado los mensajes de texto (SMS) en beneficio de las redes de mensajería basadas en la internet, como WhatsApp.
Cada vez más, los teléfonos se convierten más en terminales de internet que en celulares con los cuales la gente se comunica. Y curiosamente, el documento de la concesión dice poco o nada sobre la internet en los teléfonos.
Una de las empresas que actualmente brinda SMA en Ecuador es Telefónica de España, cuya marca es Movistar. Según cifras de esa empresa, entre 2004 y 2021, han logrado en nuestro país un mercado de 4,8 millones de personas, equivalente al 31.3% de la participación, con una inversión acumulada de $ 2.621 millones. La firma asegura que como contribuyente y agente recaudador de algunos impuestos, ha contribuido al Estado con por lo menos $1.580 millones en ese periodo.
Y aunque en el Ecuador, según señalan desde la industria, los precios que ha cobrado el Estado por las asignaciones de frecuencias están entre los más caros de la región, se sostiene que al mantener frecuencias cada vez más caras y restringidas, se terminaría afectado al consumidor, pues esto afecta sobre todo al funcionamiento de los datos en los celulares. Según un estudio del Banco Mundial de 2019, que los estados encarezcan el precio del espectro significa que las velocidades de navegación sean más lentas, y que las coberturas se reduzcan.
Por otro lado, un estudio del Banco Mundial de 2009, que analizó la relación entre las telecomunicaciones y el desarrollo, estableció que un incremento del 10% en la banda ancha en los países en desarrollo está relacionado con hasta un 1.38% de incremento del PIB per cápita en esos países. Otro estudio de la University of Technology de 2011, en 33 países que forman parte de la OCDE, concluyó que “Doblar la velocidad de la banda ancha supone un incremento de un 0.3% del PIB de un país”.
Estimaciones de las telefónicas que operan en Ecuador estiman que, con relación a los precios de 2015, la caída de los valores que se cobran por voz y datos en nuestro país ha sido de esta el 75% en voz y el 92% en datos, lo que también ha afectado los ingresos de las operadoras.
Fuentes de las operadoras dijeron que los contratos deberían tener por lo menos una duración de 20 años, que permita la renovación tecnológica, así como adoptar metodologías transparentes para la valoración del espectro. Otro aspecto que se debería discutir, según señalan, es que se amplíen las bandas lo que permite mejorar el acceso a la internet, bajar las tarifas y ofrecer una mayor velocidad de conexión.
Sin embargo, el proceso podría ser una de las tareas que enfrente el nuevo Gobierno, que se posesionaría en noviembre de este año, y mientras tanto, podría ocurrir que los actuales concesionarios, Movistar y Claro, continúen su operación con una extensión de la concesión, o que sea el Estado, por medio de la CNT, la que asuma la operación de las dos redes privadas hasta que se tome una decisión definitiva.